El fallo sobre YPF complica el frente financiero: más riesgo país, menos crédito
El revés judicial refuerza la desconfianza del mercado. Inversores anticipan ventas de acciones y bonos. Argentina se aleja aún más del financiamiento voluntario. Fallo histórico en EE.UU. obliga a Argentina a entregar el 51% de YPF: impacto económico, legal y político.
Un nuevo capítulo se abrió en la larga saga judicial por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012, como parte del cumplimiento de la sentencia emitida en 2023.
Este fallo, que aún puede ser apelado, representa un golpe potencial de más de U$S 6.000 millones, valor aproximado de la participación estatal en YPF, sobre un pasivo contingente estimado en U$S 16.000 millones.
El dilema del gobierno de Milei enfrenta tres opciones:
- Cumplir el fallo y perder el control de YPF.
- Apelar y buscar la suspensión de la sentencia.
- Abrir una negociación directa con los acreedores.
Hasta ahora, el gobierno ha optado por la demora y la confrontación discursiva. Pero, como alertó la consultora Adcap “sin un diálogo serio, no hay salida real a este conflicto, y la credibilidad del país se deteriora”.
El origen: la estatización de 2012
La causa tiene como eje la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en abril de 2012, de expropiar el 51% de YPF, entonces en manos de Repsol. La ley 26.741 estableció la “utilidad pública” de esa participación y desencadenó un proceso que fue tildado de constitucional y legítimo por sectores del oficialismo de aquel entonces.
Sin embargo, el procedimiento no contempló una oferta pública obligatoria a los accionistas minoritarios, tal como establece el estatuto de YPF, norma central en el litigio actual.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, adquirió los derechos litigiosos de los accionistas privados afectados, incluido el grupo Petersen, y desde entonces lideró una batalla judicial en EE.UU. contra el Estado argentino.
El fallo difundido este lunes ordena que Argentina deposite sus acciones clase D en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días. De no obtenerse una suspensión vía apelación, BNYM deberá transferir la titularidad a los demandantes, quienes podrían monetizar rápidamente su participación.
La lógica de los acreedores no es industrial ni estratégica: es puramente financiera. “La venta forzada de las acciones podría arrastrar aún más el valor de YPF y entorpecer los planes energéticos del país”, advirtieron desde la consultora AdCap.
Impacto en los mercados y en YPF
Tras conocerse el fallo, las acciones de YPF cayeron 5% y el dólar oficial escaló de $1192 a $1206, reflejando la incertidumbre del mercado ante una posible pérdida del control estatal de una compañía clave para el desarrollo de Vaca Muerta.
Pese al revés judicial, la empresa mantiene sólidos fundamentos operativos. Según AdCap, la venta de activos maduros, el crecimiento del shale y la estrategia de monetización de gas a través de Argentina LNG colocan a YPF en una posición prometedora a largo plazo. Pero la amenaza legal genera un “overhang” que podría erosionar su valor bursátil.
Análisis legal: ¿hubo irregularidades?
Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y exsubsecretario de Hidrocarburos, defendió la legalidad de la expropiación. Señaló que se cumplieron los requisitos constitucionales, utilidad pública, ley del Congreso e indemnización, aunque admitió que el proceso fue “litigioso”.
El estatuto de YPF exige que en caso de adquisición de control, se realice una oferta pública a todos los accionistas. La omisión de este paso fue clave para que la jueza Preska desestimara el argumento de “inmunidad soberana” planteado por Argentina, abriendo paso a un fallo condenatorio inédito.
Guillermo Francos, ministro del Interior, fue tajante: “Esto es el resultado de una locura ideológica y de la impericia de Cristina y Kicillof. Vamos a apelar con todos los recursos legales disponibles”.
Desde el Congreso, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) apuntó contra el grupo Eskenazi, ex accionistas de YPF: “Compraron sin poner un peso y ahora se benefician de la demanda vía Burford. El gobierno debe seguir defendiéndose en todos los frentes, también diplomáticos”.
Dimensión financiera: ¿se puede pagar?
El economista Leonardo Chialva advirtió que Argentina necesita un “puente financiero” para enfrentar este tipo de fallos. “No se pagan en efectivo. Se pagan con bonos, pero alguien debe comprarlos. Esos bonos, si se emiten con este nivel de riesgo país, tendrán alto descuento y complicarán aún más la situación externa del país”.
Por su parte, Federico Domínguez, otro analista económico, relativizó el impacto. “El mercado lo está leyendo mal. Si YPF pasa a ser 100% privada, su valor podría subir. El fallo, además, es de difícil ejecución”, consideró.
El fallo contra YPF no es solo un tema legal o financiero. Representa un conflicto profundo entre soberanía estatal y reglas del mercado global. Mientras el país intenta recuperar credibilidad externa y captar inversiones, la sombra de una posible pérdida de control sobre su mayor empresa energética complica aún más el horizonte.
La disputa por YPF no terminó: apenas entró en su etapa más crítica.
Fuente: Artículo publicado por Daniel Barneda en El Economista.
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