La agenda que viene

Proyecto VMOS, licitación del Gasoducto Perito Moreno y Revisión Tarifaria 2025

El Gobierno avanza en tres frentes del gas: consolida el régimen RIGI con un proyecto estrella en Río Negro, habilita nuevos contratos privados en el Perito Moreno y redefine las reglas tarifarias por los próximos cinco años.

En su más reciente informe de coyuntura, Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y del IGPUBA, analizó tres ejes que marcan el pulso del sector energético argentino: el acuerdo entre Río Negro y VMOS bajo el régimen RIGI, la licitación internacional del Gasoducto Perito Moreno impulsada por TGS, y la revisión quinquenal de tarifas con pedidos de prórrogas de licencias por 20 años.

Según Carbajales, se trata de decisiones con consecuencias fiscales, regulatorias y de soberanía que exigirán máxima atención política y técnica en los próximos meses.

La provincia de Río Negro ratifica el polémico Proyecto VMOS con privilegios fiscales por 30 años. La Legislatura de Río Negro acaba de aprobar la Ley 5.782, que ratifica un acuerdo con VMOS S.A. para la construcción y operación de un oleoducto y terminal de exportación.

"Pero más allá de la aparente inversión millonaria, U$S 2.040 millones, el convenio incluye una exención tributaria total por tres décadas, un blindaje fiscal pocas veces visto. La empresa pagará una tasa fija anual por control y fiscalización, sin posibilidad de actualización, lo que representa un golpe para las arcas provinciales, especialmente ante la expectativa de expansión del proyecto" señaló el especialista.

En su informe también destacó la licitación de la ampliación del Gasoducto Perito Moreno. "La reciente licitación para ampliar el Gasoducto Perito Moreno introduce un esquema regulatorio inédito, que permite a un operador privado explotar capacidad de transporte sin concesión formal, en una maniobra que abre interrogantes sobre la competencia y el control estatal.

La asignación de hasta el 40% de la capacidad vía prepago plantea dudas sobre quiénes podrán financiar este gasto anticipadamente: ¿serán las distribuidoras? ¿O terminarán transfiriendo ese costo al consumidor final?", se preguntó.

Y agregó que "la posibilidad de que CAMMESA o ENARSA financien de facto la obra, contrariamente a los pliegos oficiales, expone la debilidad de un modelo que promete reducir la dependencia del gas licuado importado, pero a un costo que aún no queda claro quién asumirá".

Finalmente Carbajales se refirió al proceso de Revisión tarifaria quinquenal y prórroga de licencias. Tras una larga y compleja negociación, la revisión tarifaria aprobada para el quinquenio 2025-2030 muestra señales contradictorias. Aunque las licenciatarias aseguran haber cumplido con inversiones históricas millonarias y prometen nuevas obras, los mecanismos de actualización tarifaria abren la puerta a incrementos significativos si el dólar se dispara, trasladando el riesgo al consumidor.

"La extensión por 20 años adicionales de las licencias de distribución ha generado críticas por crear un precedente preocupante, garantizando negocios por décadas sin suficiente escrutinio público. Organismos de defensa del consumidor ya advirtieron sobre la falta de inversiones y el déficit en la cobertura para sectores vulnerables", comentó.

Por si fuera poco, apuntó que la prórroga del “Período de Transición hacia subsidios focalizados” hasta julio de 2026 dilata la normalización tarifaria, manteniendo la segmentación y protegiendo a usuarios de mayor capacidad de pago, mientras el resto sigue soportando los costos de un sistema en crisis.

Fuente: Paspartú - Informe de Coyuntura.